El Grupo Orinoco hizo una propuesta nacional: ética, descentralizada, que identifica la naturaleza de los problemas y toma soluciones correspondientes; incorpora la dimensión económica para la valoración de los recursos naturales e identifica las distorsiones asociadas con los subsidios y su impacto negativo sobre la economía, la gente y el ambiente
Por Alba Marina Gutiérrez ⁄ @albamarinavzla / Especial para el GO
Expertos del Grupo Orinoco analizaron y debatieron sobre políticas y reglamentación en el foro “Hacia una nueva institucionalidad ambiental” en Venezuela.
Cuatro ponencias refirieron historia y análisis; destacaron cifras y trasfondos de casi 200 años de institucionalidad ambiental venezolana. Presentaron una propuesta para transitar hacia la nueva institucionalidad ambiental; y se preguntaron sobre la pertinencia del tema en la actual situación del país.
Julio González, agrónomo, con estudios de postgrado en gestión pública, moderó el foro y puso otra interrogante sobre el auditorio ¿lo ambiental –realmente- responde a una prioridad común para los venezolanos?
“Para el Grupo Orinoco, sí. Porque la cuestión ambiental y la correspondiente política ambiental, están íntimamente vinculadas con la producción de alimentos, salud, agua, energía, aprovechamiento y protección de la vegetación y de la fauna, minería, cambio climático, educación, sociedad y cultura”.
González explicó una encuesta virtual que realizó el GO con el apoyo de la Red de Ciudadanía Ambiental, como parte del análisis sobre “una propuesta de nueva institucionalidad de cara a un necesario proceso de transición política”.
Algunos resultados: 73% afirma que Venezuela amerita nueva institucionalidad. 76% considera que no existen condiciones para generar esos cambios. 90% cree que una nueva institucionalidad ambiental puede mejorar su calidad de vida.
Aníbal Rosales, agrónomo (UCV), Phd en filosofía (Cornell University, USA), disertó metódicamente sobre antecedentes históricos y la problemática institucional.
Entre muchos datos, Rosales destacó del Libertador su etapa de estadista. “Estuvo muy interesado y tomó acciones, que hoy están enmarcadas en el campo ambiental”. Por ejemplo, los decretos de Chuquisaca (Bolivia, 1825) y Guayaquil (Ecuador, 1829). Ambos en materia forestal, “para la conservación de suelos y agua. Incluso, ordena que se planten un millón de árboles en cuencas hidrográficas”.
Rosales demostró que “la institucionalidad es mucho más que la organización ministerial”.
Evidenció cómo los problemas predominan en la gestión centralizada. “Los municipios están sin capacidad de hacer gestión ambiental respetable”; funcionarios sin capacitación, financiamiento deficiente, incumplimiento de normas y marco legal, sin rendición de cuentas, sin boletines ni informes, sin interés en innovación, sin atención al cambio climático, entre otros.
Eduardo Buroz, agrónomo (UCV), Individuo de Número de la Academia explicó los problemas ambientales y su relación con la institucionalidad.
Definió qué es institucionalidad citando al Nobel, Douglas North: “las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. (…) para crear orden y reducir la incertidumbre…”.
Se comprende entonces que “toda la gama de instituciones de carácter público, privada, ciudadana, educativa, doctrinaria forman parte de la institucionalidad ambiental: conjunto de organizaciones, normativas, procedimientos legales, principios, valores éticos que condicionan la conducta de la sociedad ante la temática ambiental y le sirven para estructurar relaciones humanas, políticas, sociales y económicas en relación al ambiente”.
Mientras, los problemas ambientales “son hechos que percibimos y nos dicen que algo no está funcionando bien”; que requieren diagnóstico, cuantificar, identificar su naturaleza y tomar las soluciones correspondientes. Porque el propósito de la institucionalidad ambiental “es volver a la normalidad: cumplir con derechos y deberes que están consagrados en la Constitución”.
Con esta base, Buroz propuso comparar el ambiente deseado, sano, seguro y ecológicamente equilibrado con la situación actual. Hacerlo a través de registros, indicadores, balances de ambiente. Sin embargo, “esto no se está realizando. Se requiere gestión ambiental, cuyo objeto es restituir lo que está mal a lo que debe ser”, a través de políticas y programas; instrumentación de proyectos, programas y acciones, cambio de comportamiento de la sociedad.
La nueva institucionalidad “nos plantea planes, instituciones y compromiso. Da carácter importante a la ética y a las instituciones de carácter doctrinario” para modelar la nueva ciudadanía.
¿Qué tan graves son los subsidios energéticos para el ambiente?
Ramón Key, economista (UCV), Phd en economía, Universidad de Colorado USA, explicó la incidencia de lo económico en la institucionalidad ambiental.
Su análisis partió con la importancia actual y el auge que tiene la institucionalidad ambiental en la agenda internacional. Dijo que los retos que se plantean los países para lidiar con problemas ambientales globales, como el cambio climático, implica desafíos de institucionalidad que requieren de la acción de gobiernos nacionales y regionales”.
Explicó que el “nuevo institucionalismo” combina múltiples disciplinas para hacer frente a los problemas globales en materia ambiental. Un aspecto compartido es “reconocer la diferencia entre instituciones y organizaciones”.
Para Venezuela, propuso que la institucionalidad fuese examinada –no solo desde la variable ambiental- sino en el contexto económico social. “Porque el modelo institucional comienza por caracterizar el modelo económico social que ha prevalecido en los últimos cuarenta años; pero que ha sido reforzado en los últimos 15 años”. Modelo que genera unos resultados y tiene implicaciones en la percepción de los problemas ambientales.
Algunos resultados perturbadores. “Si tomamos datos del crecimiento económico de 1979 hasta 2017 la economía de los países en desarrollo crece en promedio 4.5 % interanual. Mientras, los países de la OPEP –y excluimos a Venezuela- en promedio interanual crecen 3.5 %. Revela que estos países con petróleo crecen menos que el resto de los países”.
En Venezuela, “cuando sacamos el promedio de crecimiento entre 1979 y 2017, como sociedad -en promedio- apenas estamos creciendo 0.6 % interanual”. Esto nos dice que si nos comparamos con los países petroleros, estamos peor que éstos”. Revela que el tema institucional para el país es un asunto que demanda importancia “porque tiene que ver con nuestro desempeño actual”.
Sobre el modelo económico social actual y cómo funciona el petroestado, planteó que cuando aumentan los ingresos de origen petrolero por efecto de los precios (booms), el Estado venezolano tiende a ampliar su jurisdicción en la provisión de bienes públicos y privados.
En el más reciente booms petrolero 2000-2008 el estado venezolano repitió el comportamiento de años pasados, “y lo exacerbó, re estatizó empresas y centralizó la gestión local”.
Para la gestión ambiental este modelo es insostenible porque genera fuertes incentivos “por desesperación” para explotar recursos naturales disponibles. Socialmente, aumenta la dependencia del ingreso petrolero.
Por otra parte, cuando caen los recursos del petroestado, la relación entre el ingreso y la demanda de la calidad ambiental se refleja en la calidad de los servicios ambientales porque están en relación con los ingresos de la población.
En el caso Venezuela, la actual precariedad de recursos de la gestión pública, acentúa el déficit sobre los servicios de agua y el tratamiento de los desechos sólidos. También profundiza la centralización: pérdida de autonomía de organismos con competencia ambiental, violación de derechos de propiedad, pérdida de competencia de gobiernos locales. Igualmente, incrementa las distorsiones económicas por la incorrecta distribución y asignación de recursos.
Key subrayó: “a menos que cambie el modelo económico-social, será imposible revertir el deterioro institucional del ambiente”.
Sobre los subsidios del sector energético y cómo éstos condicionan problemáticas ambientales, con impacto negativo en los servicios y las ciudades, dijo: “están aportando poco estímulo para que la gente asuma lo ambiental; por otra parte, afectan las finanzas públicas”.
Revelaciones en números. En 2010, Venezuela era el quinto país con la tasa de subsidios más elevada para sus energéticos (75%). Cuatro años después se ubicó en el primer lugar con una tasa de 93.1%; representaba 15.2% del PIB. “Del total de éstos, los relacionados con petróleo representaron 67.2%; con gas 10.5% y con electricidad 22.3%.
Key, sentencia: “los subsidios energéticos son la fuente de distorsión más importante que afecta la economía ambiental”.
Otras distorsiones: subsidios al consumo de electricidad; populismo en el manejo de las tarifas de servicios, falta de cumplimiento de las regulaciones ambientales.
La propuesta
El coordinador del Grupo Orinoco, Individuo de Número de la Academia, Arnoldo Gabaldón presentó la nueva institucionalidad ambiental.
Antes, sentenció: “la institucionalidad ambiental en el país está destruida. No está cumpliendo con los objetivos -que en cualquier país, los organismos de gestión ambiental deben poder alcanzar. Las presentaciones que vimos dejan ampliamente justificada esta propuesta de nuevo institucionalismo”.
Tenemos que “pensar en el futuro, en lo que deben ser las cosas y tomar en consideración los factores que en la realidad actual de Venezuela, se requieren tomar en cuenta, para que tengamos una institucionalidad, que obedezca a nuestras necesidades y que esté acorde con las disponibilidades que tiene el país, desde el punto de vista humano, legal y económico”.
Gabaldón, mostró las rutas. “Para que esa institucionalidad sea exitosa debe considerar: el nivel de desarrollo del país, los problemas institucionales generales, las limitaciones legales, financieras y humanas, el modelo socioeconómico deseable. Prioritariamente debe mitigar o controlar los problemas ambientales y dar atención especial a las tendencias mundiales respecto al ordenamiento de la gestión ambiental”.
En su arenga, exhortó. “Desde el día de hoy, tomar conciencia y actuar. ¡Hay que establecer esa nueva institucionalidad! ¡La vemos factible en la medida en que superemos la situación nacional presente!”.
Al foro acudieron casi 100 personas que ocuparon el auditorio del ITER en Altamira. El ciclo de preguntas destacó el interés del público por conocer si los políticos y sus partidos se informan sobre esta materia o muestran interés de hacerlo.
El Grupo Orinoco, convencido de la importancia de democratizar la información, en su página web tiene a disposición del público la síntesis de las ponencias. Visite: https://orinocodotblog.wordpress.com/
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